“La expulsión de tres funcionarios del Gobierno estadounidense de Nicaragua ocurrió el 14 de junio, creemos que fue injustificado e inconsistente con la agenda positiva y constructiva que buscamos con el Gobierno de Nicaragua”, añadió el portavoz del Departamento, John Kirby, quien informó sobre la protesta de Washington ante el embajador nicaragüense, Francisco Campbell.
Más tarde el Gobierno de Managua confirmó la información, pero aclaró que fueron dos los funcionarios afectados, agregando que los estadounidenses, “siendo funcionarios del Gobierno norteamericano, y con pasaporte oficial, realizaban sin conocimiento y coordinación alguna” con las autoridades locales “tareas propias de la competencia del Gobierno de Nicaragua”.
Según el vocero del Departamento de Estado, los tres funcionarios tenían un “estatus temporal” y recién habían llegado al país cuando fueron expulsados.
Uno de ellos es Evan Ellis, analista de un instituto del Departamento de Defensa que estaba en funciones oficiales en Nicaragua para realizar una investigación sobre la construcción de un canal interoceánico que el país otorgó a una empresa con sede en Hong Kong. Cuando fue forzado a salir del país, Ellis declaró que uniformados que se identificaron como funcionarios de Inmigración nicaragüense lo llevaron desde su hotel al aeropuerto, donde debió abordar un vuelo al exterior, menos de 24 horas después de haber llegado.
El Gobierno nicaragüense, en una declaración oficial, afirmó que aquellos fueron devueltos “en los últimos días” por realizar tareas de seguridad y certificación de aduanas y tránsito de mercaderías hacia Estados Unidos, relacionadas con la lucha contra el terrorismo.
Washington y Managua mantienen cercanas relaciones económicas y cooperan en áreas relacionadas con salud, atención en desastres naturales y lucha contra el narcotráfico. La expulsión fue rechazada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
