La Contraloría General de la Republica encontró en el departamento de Córdoba otros hechos delictivos que se realizaron cuando Alejandro Lyons era Gobernador de Córdoba, realizando falsos recobros con pacientes hemofílicos fantasmas, falsificaciones de exámenes de laboratorio y medicinas que nunca llegaron a los pacientes, lo cual ocasionó un detrimento al patrimonio público por más de 44 mil millones de pesos.
Los dineros que eran recursos del Sistema General de Participación (SGP), la Secretaría de Salud Departamental dio la viabilidad para autorizar los pagos directamente a la IPS Unidos por su Bienestar S.A.S, (Eder Pérez Ardila, representante legal) la módica suma de $39.062. Millones, sin tener en cuenta a una EPS y mucho menos sin la verificación de la efectividad del servicio prestado.
Los giros se realizaron en las vigencias 2013 ($18.892 millones), 2014 ($17.012) y 2015 ($3.156 millones). Estas IPS relacionadas con el desfalco funcionaron hasta el año 2015 que culminó el periodo del gobernador Alejandro Lyons.
Estos dineros fueron pagados a las IPS por el suministro del medicamento Inmunate Factor VIII Von Willebrand, medicamento que no está en incluido en el POS, a 47 personas en el 2013 y en el año 2014 se aumentó de manera mágica a 81 pacientes diagnosticadas con hemofilia.
Así mismo, la Contraloría encontró cuatro casos de recobros por terapias hechas en neurodesarollo, donde se evidenció un hallazgo fiscal por $5.264 millones, con lo cual se refleja un detrimento patrimonial en el departamento de Córdoba por más de 50 mil millones de pesos.
Edgardo Maya Villazon, Contralor General de la Republica, puso en conocimiento estos hechos al Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y de inmediato dio traslados de los mismo a la Fiscalía, la Procuraduría, la Superintendencia de Salud, Ministerio de Salud y al tribunal de Ética Médica.
El pasado 13 de junio el Contralor recibió del Exgobernador Alejandro Lyons, una comunicación donde este le informa que presentó denuncia penal ante la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, contra los representantes legales de las IPS involucradas, igualmente contra los funcionarios que trabajaban en la Secretaria de Salud Departamental durante los años 2013,2014 y 2015.
Los pagos que fueron realizados por la Secretaria de Salud Departamental en el periodo del cuestionado Gobernador Alejandro Lyons Muskus, donde estas IPS presentaron documentos falsos para probar la existencia de los supuestos pacientes hemofílicos. Esta red criminal escogió el buen nombre del Laboratorio Clínico de Bernardo Espinosa y falsifico sus plantillas usurpando el buen nombre del laboratorio., lo cual fue verificado por la Contraloría.
Por otro lado, el medico Luis Meza Montes, denunció que la firma que se utilizó para este hecho delictivo no corresponde con la suya, al igual con las EPS donde se encontraban afiliados los pacientes, afirmaron que estos nunca habían sido diagnosticados con hemofilia.
La Contraloría encontró que la Clínica Santa Lucia del Sinú expidió un certificado donde afirmaba la veracidad de los pacientes tratados y luego al investigar en la Cámara de Comercio se encontró con la sorpresa que su representante legal era también Eder Pérez Ardila.
Servicios de terapias que no se realizaron
La Contraloría General de la Republica, también encontró irregularidades en pagos por $1.638 millones a tres IPS, por el concepto de terapias basadas en neurodesarrollo, las cuales no fueron realizadas, pero si se les pago a las IPS por parte de la Secretaria de Salud Departamental.
Las IPS involucradas son Funtierra IPS Ltda, se le pagó la suma de $1.345 millones, Girasoles Centro Integral de Terapias, se le pagó $86 millones y Crecer y Sonreir Unidad de Rehabilitación S.A.S, la suma de $206 millones.
Y como si fuera poco, se le suma otro por $3.626 millones, por la misma razón, para un total de $5.264 millones, que ocasionaron un hueco fiscal por este concepto.
Finalmente, se indica que en la vigencia del 2015, el departamento pagó por concepto de terapias la módica suma de $10.160 millones facturados por la realización de terapias físicas, ocupacional, fonoaudiológica, e integración sensoriomotriz.
“Los pagos de todas las terapias antes mencionadas se hicieron entre octubre y diciembre del 2014 y enero y septiembre de 2015, en cumplimiento de fallos de tutela en los que se ordenaba la prestación del servicio, pese a que parte de estas terapias se encuentra incluidas en el POS” termina diciendo el informe de la Contraloría.
Es lamentable que nuevamente el departamento de Córdoba suene a nivel nacional con estos escándalos, primero por el ‘Caso Zapa’, después por la desaparición de los dineros en la educación y ahora con los pacientes fantasmas de hemofilia que colocan al exgobernador Alejandro Lyons Muskus y a sus amigos más cercanos en el ojo del huracán.
